La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que haciendo uso de su autonomía constitucional no aplicará el sistema de voto digital en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial difundido el miércoles 24 de diciembre y responde a lo resuelto previamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano que declaró inviable esta modalidad de sufragio para dicho proceso electoral.
Según explicó la ONPE, el JNE concluyó, a partir de un informe técnico, que el voto digital “no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo”. En ese contexto, el organismo electoral señaló que su determinación se alinea con la evaluación realizada por la máxima autoridad del sistema electoral.
Pese a esta decisión, la ONPE precisó que el proyecto de voto digital no ha sido descartado de manera definitiva. Por el contrario, indicó que su aplicación queda “temporalmente en suspenso” y que la institución “persistirá en sus esfuerzos” para lograr que esta modalidad sea reconocida y adecuada a la realidad del país en futuros comicios. Desde el organismo subrayaron que esta herramienta representa una alternativa para facilitar el ejercicio del derecho al voto a determinados sectores de la población.
En ese sentido, la ONPE resaltó que el voto digital habría permitido sufragar a personas que, por razones laborales, de servicio o por condiciones físicas, no pueden acudir con facilidad a su local de votación. “Si utilizaran el voto digital, no tendrían la necesidad de desplazarse y podrían sufragar desde un teléfono celular, una computadora, una tablet o una laptop”, señala el comunicado oficial.
Los grupos que iban a beneficiarse con esta modalidad incluían al personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados; al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; así como a trabajadores del JNE, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la propia ONPE. Asimismo, se consideraba a las personas con discapacidad inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o registradas como tales en el padrón electoral, además de los ciudadanos con domicilio en el distrito del Cercado de Lima.
Respecto a las observaciones del JNE, que advirtió que el voto digital “podría generar riesgos a la confianza y la integridad del proceso electoral”, la ONPE anunció que se “pronunciará oportunamente” sobre el informe de fiscalización que motivó la no implementación del sistema. También informó sobre el proceso de auditoría a cargo de la empresa estadounidense CGTS Corp., responsable de evaluar la plataforma de voto digital, conforme a lo dispuesto por la Ley n.º 32270.
La ONPE recordó que dicha norma, publicada el 24 de marzo, incorporó al sistema electoral nacional la posibilidad de una modalidad de votación digital y estableció una serie de requisitos y procedimientos que, según la entidad, han sido seguidos “de manera estricta” en el desarrollo de su solución tecnológica. Finalmente, el organismo expresó su respeto por lo resuelto por el JNE y señaló que el país requiere que las instituciones electorales actúen dentro de sus competencias y de forma coordinada y transparente. En relación con los ciudadanos que ya se habían inscrito para el voto digital, la ONPE indicó que se comunicará con ellos para asignarles un local de votación presencial y garantizar que puedan emitir su sufragio.
