¿Una nueva ‘ley mordaza’ a la vista? El Gobierno del presidente José Jerí impulsa el Proyecto de Ley 13280, que forma parte de un pedido de facultades legislativas otorgadas por el Congreso para legislar en materias de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento institucional. Entre las medidas propuestas, destaca la creación del delito de “revelación de información reservada”, una modificación al Código Penal que ha generado reacciones encontradas entre autoridades gubernamentales, gremios periodísticos y especialistas en derechos humanos.
Según el decreto legislativo aprobado por el Parlamento el 15 de diciembre de 2025, el Ejecutivo podrá tipificar penalmente la revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales, incluyendo la posibilidad de inhabilitación en caso de condena. El documento oficial indica, además, que se garantizará “el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional”, aunque sin detallar mecanismos precisos para evitar ambigüedades en su aplicación.
La iniciativa ha sido defendida por el Ejecutivo con el argumento de que la tipificación busca proteger la efectividad de las investigaciones judiciales y policiales. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha sostenido que la prensa es un “aliado en la lucha contra el crimen” y que la norma pretende sancionar únicamente a quienes alertan a investigados para que evadan a la justicia, no a los periodistas. Asimismo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ratificó en el Congreso que la propuesta busca enfrentar filtraciones de información que debilitan operativos policiales y facilitarían la impunidad de criminales.
No obstante, gremios periodísticos han expresado su rechazo contundente. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) señaló que el proyecto “criminaliza la difusión de información de interés público” y constituiría una forma de censura y persecución de fuentes reservadas, afectando el secreto profesional de los periodistas. La ANP exhortó al Congreso a suprimir ese punto del proyecto ante el riesgo de vulnerar el derecho a estar informados.
De manera similar, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que la redacción actual es amplia y podría ser interpretada de forma tal que “aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista”, lo que podría llevar a procesos penales contra comunicadores por la difusión de información relevante. El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, pidió al Legislativo que se incluyan “candados” claros para excluir la actividad periodística legítima del alcance del tipo penal.
