Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, volvió a poner en cuestión el desarrollo de las elecciones del 12 de abril al insistir en la existencia de presuntas irregularidades en mesas de sufragio de la serie 900 000. Según afirmó, estas habrían sido “creadas y distribuidas estratégicamente” en distintas zonas del país con la finalidad de favorecer al postulante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, acusación que no ha sido acreditada hasta el momento por ninguna autoridad electoral.
En una conferencia de prensa, López Aliaga dirigió sus críticas contra el sistema electoral y, en particular, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que reprochó no atender sus denuncias. “El tema es verificable absolutamente si hubiera voluntad del JNE, del señor Burneo, de velar por la transparencia del proceso, pero vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada. Vamos a ir a otras instancias nacionales e internacionales, porque se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución que protege el derecho a votar, que es la base fundamental de la democracia”, sostuvo.
Sin embargo, el candidato no precisó en ningún momento cuáles serían esas “instancias internacionales” a las que recurriría. Su silencio abre interrogantes inevitables: ¿se refiere a mecanismos del sistema interamericano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿O a algún otro foro internacional de revisión electoral? La omisión resulta llamativa, sobre todo considerando que en el pasado el propio López Aliaga ha manifestado posiciones críticas frente a estos organismos.
En efecto, durante la campaña electoral previa, el líder de Renovación Popular llegó a señalar que, de llegar a la Presidencia, evaluaría el retiro del país de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, en cambio, invoca la posibilidad de acudir precisamente a esas mismas vías internacionales, lo que plantea una aparente contradicción política y estratégica que no ha sido aclarada.
El postulante calificó el escenario electoral como “gravísimo” y sostuvo que existen indicios suficientes para cuestionar la voluntad popular expresada en las urnas. En esa línea, afirmó que su agrupación ya ha solicitado la nulidad del proceso electoral, sustentándose en un informe pericial elaborado por una empresa internacional, aunque dicho documento no ha sido detallado públicamente ni sometido a verificación independiente.
Asimismo, López Aliaga no descartó la posibilidad de repetir el proceso electoral, aludiendo como antecedente el caso del expresidente Valentín Paniagua tras la crisis del año 2000. “Si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Ya hay un precedente con el presidente Paniagua. Se determinaron que eran fraudulentas las elecciones del 2000 y pasaron al 2001 y hubo un presidente interino. Entonces, está en manos también del Congreso dar una solución a este tema”, señaló.
En paralelo, el candidato anunció la convocatoria a una movilización pacífica frente al JNE, cuya fecha será difundida a través de redes sociales. No obstante, no ofreció detalles sobre la organización ni los objetivos concretos de dicha protesta.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones ha descartado la posibilidad de realizar elecciones complementarias. En una resolución reciente, el organismo concluyó que no existen condiciones jurídicas ni operativas para convocar una nueva jornada electoral, pese a los incidentes registrados el 12 de abril. El documento precisa que 256 locales de votación, principalmente en Lima Sur, recibieron material electoral con retraso, lo que afectó la instalación oportuna de mesas. Sin embargo, el JNE indicó que estas dificultades fueron atendidas durante la jornada mediante medidas excepcionales, como la ampliación del horario de votación.
En ese contexto, las afirmaciones de López Aliaga y su eventual escalamiento hacia instancias internacionales abren un nuevo frente político y jurídico. Queda por esclarecer si efectivamente recurrirá a mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o si sus declaraciones responden más a una estrategia de presión política, que a una ruta legal definida.
